La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación penal en contra de quien resulte responsable por la presunta participación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos en un operativo táctico terrestre en el estado de Chihuahua. Las indagatorias ministeriales se centran en la violación al artículo 54 Bis de la Ley de Seguridad Nacional, el cual obliga a todo elemento extranjero a registrar sus actividades y armamento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El expediente técnico de la FGR señala que el operativo en territorio chihuahuense se ejecutó en coordinación directa con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) local y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, omitiendo los protocolos de notificación obligatoria hacia las fuerzas federales y el gabinete de seguridad nacional. La cuantificación de los movimientos terrestres de los agentes extranjeros es el eje central de las actuaciones periciales en la zona fronteriza.
Un desglose de las actuaciones ministeriales confirma que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron desplegados en el perímetro del incidente de manera posterior a los hechos. Los reportes castrenses indican que las funciones del Ejército Mexicano se limitaron exclusivamente a la seguridad perimetral y al resguardo del área tras el hallazgo de laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas en la región de Morelos, Chihuahua.
De acuerdo con las declaraciones oficiales de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Sedena no contaba con información previa ni registros operativos que indicaran la presencia o participación activa de ciudadanos extranjeros en el despliegue táctico. La falta de bitácoras oficiales en las dependencias federales motivó la apertura de la línea de investigación penal por probable espionaje e intervención ilegal de comunicaciones en territorio mexicano.
El marco jurídico vulnerado establece sanciones específicas para las autoridades locales que faciliten la operación de agencias extranjeras sin el debido convenio internacional ratificado por el Senado de la República. La FGR ha procedido al aseguramiento de las bitácoras de radiocomunicación y los registros de geolocalización de las patrullas estatales de Chihuahua que participaron en el despliegue para determinar el nivel de interacción con el personal de la CIA.
Auditorías logísticas preliminares revelan que la célula extranjera operó de manera intermitente durante un periodo de 72 horas antes de que se detectara su presencia mediante canales de inteligencia militar en el norte del país. El cruce de datos fronterizos e ingresos migratorios forma parte de los requerimientos que la fiscalía federal ha solicitado formalmente a las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
El cierre de la primera fase de investigación contempla la recopilación de testimonios de los mandos medios de la policía estatal de Chihuahua que estuvieron bajo el esquema de coordinación perimetral. Los datos duros obtenidos hasta el momento han sido integrados al dictamen de seguridad nacional que determinará las responsabilidades administrativas y penales correspondientes de los funcionarios públicos involucrados en la omisión de los reportes obligatorios.
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